SANTO DOMINGO.- La cruzada que se planteó el Gobierno de Luis Abinader, en una forma de guerra frontal contra la corrupción y cualquier otro rastro o sospecha de irregularidades en la gestión pública, está mostrando fuerza de hechos con el desfile continuo de ciudadanos ante los entes de la investigación vinculados a la Procuraduría General de la República.
Estas acciones, con características de movimiento de pinza en una batalla a plena flor contra el flagelo, quedan evidentes en las citaciones a comparecencia simultánea a declarar ante fiscales, que de camino aplaca una ola de reclamos y baja el nivel de ansiedad de la población.
A 81 días hoy de la asunción del nuevo Gobierno, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca) y la Dirección de Persecución trabajan a toda capacidad con al menos 40 fiscales para los interrogatorios, superando en creces las limitaciones extremas que obstruían su desempeño, cuando apenas había 11 en acción.
Con las citaciones a declarar ante los entes de investigación, en una variable de corrupción, sobornos y casos de declaraciones juradas de bienes, el Ministerio Publico está proyectando una idea sobre el curso irreversible de estos procesos.
Los hechos en cadena
Durante estos procesos, los primeros citados para interrogatorios fueron el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, el exasistente personal del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz, y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación, sobre los bienes presentados en sus declaraciones juradas.
Les siguieron Lucía Medina, quien fue interrogada ahora por segunda ocasión, el senador Félix Bautista, y la ministra de la Juventud Kimberly Taveras Duarte. El pasado jueves, Bautista, senador por la Fuerza del Pueblo, volvió a interrogatorio.
Seis denuncias de presuntos actos de corrupción han llegado por ante la Pepca desde el pasado 10 de septiembre, de parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
Los casos más recientes son relativos a la sustracción de discos duros del Plan Social de la Presidencia y la investigación en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, referente a la denuncia sobre ventas de cargos y nombramientos en ese ente.
La primera denuncia deposita en el Ministerio Público se produjo el miércoles 3 de septiembre, sobre la compra de 11, 500 millones de pesos de hormigón asfáltico caliente por el Ministerio de Obras Públicas, previo a las elecciones primarias.
El 26 de octubre pasado, la Pepca fue apoderada por parte de Contrataciones Públicas de tres expedientes relacionados con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
Seis denuncias
Seis denuncias de presuntos actos de corrupción han llegado por ante la Pepca desde el pasado 10 de septiembre, de parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
Los discos duros y la venta de cargos
Los casos más reciente son relativos a la sustracción de discos duros del Plan Social de la Presidencia y la investigación en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, referente a la denuncia sobre ventas de cargos y nombramientos en ese ente.
La primera denuncia depositada en el Ministerio Público se produjo el miércoles 3 de septiembre, sobre la compra de 11, 500 millones de pesos de hormigón asfáltico caliente por el Ministerio de Obras Públicas, previo a las elecciones primarias.
El 26 de octubre pasado, la Pepca fue apoderada por parte de Contrataciones Públicas de tres expedientes relacionados con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
En el caso de los dos expedientes del INAIPI, uno de ellos refiere que en 2016 esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia, de los cuales no se tiene ninguna evidencia, y le costaron al Estado RD$208.05 millones.
El segundo de los expedientes tiene que ver con irregularidades en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01, que data desde el 2018, para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a escala nacional.
En el tercer expediente se expone que desde el año 2019 ha sido identificada una recurrencia sospechosa en los procesos de compras y contrataciones del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.
Declaraciones juradas
Desde el 16 de octubre pasado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución han investigado a siete exfuncionarios y funcionarios del gobierno actual en torno a las declaraciones juradas de patrimonio.
Ayer, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, fue interrogada por segunda ocasión, esta vez durante cinco horas, por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.
Lucía, hermana del expresidente Danilo Medina, acudió a interrogatorio acompañada de sus abogados Luis Rivas y Fidel Pichardo Baba.
A su salida, dijo que acudió a su citación para dar cumplimiento al requerimiento del Ministerio Público y está dispuesta a comparecer cuantas veces sea requerida.
Dos del IDAC destituidos.
Ayer fueron destituidos del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Bolívar León Paulino y Johán Estrada Pelletier, quienes están incluidos en una denuncia ante la Pepca por la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE), por posibles visos de corrupción al dar la no objeción para facilitar la ejecución del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
EXDIRECTOR
Francisco Pagán Rodríguez
No quiso hablar.
En otro caso, ayer fue interrogado el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán Rodríguez, acompañado de su abogado Tiago Marrero Peralta.
A su salida de la Procuraduría, Pagán rehusó hablar sobre su citación.
Un dato.
La corrupción administrativa pública es definida como el uso de la función pública para la obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del patrimonio público.
Guillermo Pérez y Ramón Cruz Benzán
